* La SEP viola el contrato colectivo de trabajo * Las relaciones entre patrón y obrero deben estar mediadas por una institución que defienda los derechos de los trabajadores * El patrón no puede ser quien contrata y quien defienda * Este país no puede aspirar a la calidad mientras no haya una redistribución más equitativa del ingreso
José Sobrevilla
sobrevill@yahoo.com.mx
¡Se ve, se siente la CNTE está presente! ¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir! ¡Este puño sí se ve! Fueron las consignas que pusieron en vilo a congresistas y automovilistas defeños la semana del 20 al 25 de agosto; pero: ¿En serio son profesores huevones defendiendo sus cotos de poder o que quieren impedir su certificación? ¿Qué hay detrás del conflicto magisterial? Lo cierto es que no hay muchas verdades, pero sí muchas mentiras en torno al tema.
Siempre que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiesta, dicen los medios (electrónicos principalmente): “Son profesores que no quieren trabajar”, “perturban el orden”, “toman las calles”, “no quieren ser evaluados” y “rompen el orden legal”; sin embargo, olvidan que los grandes movimientos que han propiciado cambios, siempre han sido contra leyes que no favorecen a las mayorías, reveló a Forum en Línea el analista en temas educativos Rodolfo Bórquez.
Para el autor de Pedagogía crítica (Trillas 2006) “esto no es una postura de unos grillos inconformes que no quieren dar clases. Es un movimiento contrario al sentido de la historia. ¿Cuál sentido? La imposición en todo el globo de un modelo neoliberal, y que ha obligado al sistema dominante a hacer reformas para salir de las condiciones en que ellos mismos nos han metido”.
Para llegar a esta conclusión, el catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, hace una revisión de textos clásicos desde Carlos Marx con el proceso de acumulación, hasta contemporáneos como Ernesto Mandel cuando habla de la tercera edad del capitalismo; o Daniel Bell al referirse a la sociedad posindustrial.
“Todos ellos anunciaban esto: crisis económica, desempleo, recesión con inflación, poco crecimiento de las economías, excesiva concentración del poder y la riqueza. Eso se anunció, por lo tanto no es culpa de la Coordinadora ni de los maestros; sino de un proyecto civilizatorio en crisis.
¿En qué va a consistir el Servicio Profesional Docente? Antes, lo primero que debemos revisar, dice el discípulo de Marcel Liebman, es en qué consistían las formas de trabajar como maestro; y encontramos que quien decidía quién sí entra y quién no, era la corrupción. Ellos, autoridades y sindicato, decidían con sus concursos amañados y mediante herencia de plazas.
En el sentido del proyecto histórico, la reforma tiene como fundamento final crear lo que pomposamente llaman “calidad educativa”; que “en el fondo es la incorporación a un modelo dominante, que en rigor no está mal, porque vivimos en un país donde debemos tener cierta calidad, y ciertas habilidades”. Señala Bórquez que el problema es cómo hacer el cambio, ya que el concepto calidad tiene varias dimensiones; “entendida como eficacia, como eficiencia, entendida como pertinencia y como equidad (incluido en la Ley General de la Educación). En este sentido, si se busca eficiencia y pertinencia, lo más probable es pensar en hacer más con menos: menos profesores, grupos más grandes, más trabajo, salario fijo establecido.
Flagrantemente, la SEP viola la ley
“Yo creo que la gran mayoría de profesores están de acuerdo en que hay que prepararse, tener mejor calidad y servir mejor a sus alumnos y escuelas; lo que sí los mete en la incertidumbre es cómo se van a ir certificando de la etapa inicial, hasta profesor certificado para llegar a profesor titular”.
Esta Ley General de Educación es aspiración, tal vez noble, bien diseñada, pero es repetición de lo que hacen hoy las universidades. “La evaluación docente está centrada en el mérito y el desempeño; y aquí está el punto nodal de la protesta de la Coordinadora”, abunda el analista.
Primero, el ingreso se basará en el Concurso Nacional único aprobado por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, INNE; aunque varios estados imponen sus particularidades (nacer en el estado, haber estudiado la normal allí, tener cinco años o más viviendo en ese lugar, etcétera).
Segundo, el concurso se debe centrar en satisfacer las demandas de cada estado con los perfiles profesionales. La etapa inicial es un concurso obligatorio y promoción forzada a tres años, donde el docente tiene que pasar el concurso siguiente, que es de profesor certificado, perfil PROMEP. “Si no pueden pasar uno de estos exámenes, inmediatamente quedan despedidos”.
“Pero aquí la SEP (Secretaría de Educación Pública) viola el contrato colectivo de trabajo porque las relaciones laborales patrón-obrero, dice la ley, las debe regular una institución que defienda los derechos de los trabajadores; no puede ser el patrón quien te contrata y el patrón quien te defiende. Legalmente se está violando la Constitución dado la tradición de corrupción y venta de plazas.
“Ya no sé si será mejor la medicina que la enfermedad, porque sabemos cómo se las gasta el poder”, dice Rodolfo Bórquez.
Cuando hubo carrera magisterial, con maestros no muy talentosos, más bien flojos y sin mucho conocimiento, ellos eran los que más se promovían en carrera magisterial, justamente porque se filtraban las respuestas, se tenía como amigo al director, al coordinador, quienes los iban promoviendo, asegura.
Pero el asunto de la equidad –continúa el especialista– no tiene que ver con la voluntad de si los profesores trabajan bien o mal, si están bien preparados, si estudiaron en la normal, si han seguido talleres, diplomados, para prepararse; eso tiene que ver con el proyecto propio del desarrollo económico y social de este país.
“No puede haber equidad si las escuelas más pobres se encuentran en las regiones más pobres”. ¿Qué dice el estado al respecto? A ellos no les interesa que haya mayor calidad en esos lugares; ¿Por qué?, porque no hay pertinencia en cuanto al trabajo. No hay desarrollo.
¿Qué posibilidades tenemos de que haya equidad en la Montaña, en Xochistlahuaca, en pequeños pueblos, donde para llegar a la escuela los niños tienen que caminar cinco o seis kilómetros y los maestros dan clases debajo de un árbol y se quieren ir por la inseguridad existente?
“Este país no puede aspirar a una calidad mientras no haya una redistribución más equitativa del ingreso. Mientras no terminemos con esas grandes y absolutas personas, empresarios, que tienen un poder enorme”.
Señala el doctor Bórquez que simplemente hay que leer la desigualdad en las últimas encuestas que se han hecho, donde más del 46 o 47% de la población está pobre y casi un 40% al borde de la pobreza y un 8% en pobreza extrema.
Una verdadera evaluación se tiene que hacer como en los países del norte de Europa, particularmente como Finlandia; donde ningún profesor puede dar clase sin tener la normal superior, la normal básica terminada en una institución de calidad y que esté supervisada. Aquí las normales no tienen ninguna supervisión.
Otro paso es que tienen que entrar como profesor asistente o ayudante para aprender de los otros. Es una práctica profesional pagada, por supuesto. También que haya una comisión de consejos escolares, donde participen maestros, supervisores y padres de familia que supervisen el trabajo docente. La evaluación debe venir por directivos, padres de familia, estudiantes y un personaje del estado.
“Si el profesor está cayendo en falta pedagógica o no trabaja bien, se le va a dar un curso remedial para reintegrarlo de la mejor manera. Ésa es la forma correcta que da más certeza en el trabajo y aumenta la calidad y pertinencia”.
Privatización silenciosa
Destaca el analista que, en una especie de descentralización, está en puerta modificar el artículo 3º para permitir a los directores pedir cuotas en los estados para mejorar la escuela, “cuando sabemos que siempre hacen chanchullo y se roban el dinero”. Esto al interior mismo de los consejos escolares.
“Sacan de la jugada al sindicato y tienen razón, los sindicatos no tienen nada qué hacer en los consejos escolares; es más bien de la escuela y no de contratos colectivos. Pero también colocan a renglón seguido que ningún niño puede ser excluido de la atención educativa aunque aprueben cuotas; o sea, si los consejos escolares y el director promueven pagar una cuota de 100 pesos al mes, se paga; pero si hay niños pobres que no lo puedan costear, no los pueden sacar de la escuela.
“Esto ya es una apertura para una especie de privatización silenciosa de la educación. No creo que la vayan a privatizar completamente; pero ya empieza esta idea empresarial de que la educación debe estar auto-sustentada. Que no debe estar pagada por el Estado. Es una rendija que ya se abrió.
Respecto al conflicto magisterial, en el aspecto político, Jesús Zambrano había establecido que el servicio profesional docente no iba a pasar porque se tendría que negociar primero con la CNTE. “El problema es que la aprobación de las leyes secundarias tienen un límite, creo que hasta el 26 de agosto, según lo que había leído; y Zambrano estaba proponiendo por lo menos una semana de diálogo con ellos, asegura Bórquez.
Por otra parte, Francisco Bravo, dirigente de la Sección IX, ha dicho que “Posponer la aprobación de la Ley General de Servicio Profesional Docente no garantiza nada porque en tres semanas pueden subirlas y pasarlas como están”.
Además ha manifestado que como están indexadas, “En la Ley del INNE se alude al ‘servicio profesional docente’, y si se aprueban las dos leyes, la tercera pasa automáticamente porque está definida en la otra ley”.
Para concluir preguntamos al doctor Bórquez: ¿Qué tan gallos son los especialistas que elaboraron la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación? Y nos respondió que son gente altamente profesional y tienen una postura relativamente progresista. El equipo lo encabeza Sylvia Irene Schmelkes del Valle, así como las doctoras Margarita María Zorrilla Fierro y Teresa Bracho González; también están los doctores Gilberto Guevara Niebla y Eduardo Backhoff Escudero.
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