Reforma educativa: la experiencia estadunidense
Editorial:
Los foros regionales de discusión sobre la reforma educativa
–acordados la semana pasada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación y la Secretaría de Gobernación– comenzaron ayer en Michoacán con un
amplio rechazo de cientos de docentes a las modificaciones a los artículos 3 y
73 de la Constitución, avaladas en el contexto del Pacto por México, que en
meses recientes han dado lugar al descontento de sectores magisteriales y a una
preocupante tensión política, sobre todo en entidades como Guerrero, Michoacán y
Oaxaca.
Asimismo, la realización de estos foros de discusión ocurre pocos días
después de que un extendido movimiento magisterial y social, cuyas protestas se
prolongaron durante meses, logró la anulación de pruebas estandarizadas de
lectura y matemáticas en las secundarias de Seattle, con las cuales se buscaba
evaluar el desempeño de estudiantes, docentes y centros escolares de esa urbe
estadunidense.
La movilización de profesores, estudiantes y padres de familia de Seattle
forma parte de una rebelión mucho más amplia en el vecino país en contra de
reformas educativas muy similares a la que se pretende imponer en el nuestro,
basadas en un enfoque tan reduccionista como improcedente de la enseñanza y la
evaluación educativa; inoperantes en lo que se refiere a la erradicación de los
rezagos en la enseñanza –los cuales persisten y se profundizan en todo el
sistema educativo estadunidense– y que ha terminado por revelarse como una
embestida en contra de la escuela pública y en favor de la creación de
oportunidades de negocio para particulares. Ejemplo de ello es el reciente
cierre de medio centenar de escuelas en zonas marginales de Chicago, cuyos
alumnos –en su mayoría niños afroestadunidenses y de origen mexicano– serán
reasignados a las llamadas escuelas chárter, beneficiarias de recursos
públicos, pero administradas por manos privadas.
Ante la evidencia del descrédito que acusa el paradigma de la evaluación
educativa estandarizada en su país de origen, y habida cuenta del avance en los
esfuerzos magisteriales y sociales por remplazarlo, resulta incomprensible el
empeño por continuar y profundizar ese mismo modelo en países como el nuestro,
donde las condiciones de desigualdad social y abandono de los ciclos y planteles
educativos a cargo del Estado son mucho más acentuadas que en Estados Unidos, y
donde el descontento magisterial, inmerso en un entorno institucional mucho más
débil y descompuesto que el de la nación norteña, puede tornarse en un factor de
ingobernabilidad y explosividad social.
La realización de los foros de discusión –que comenzaron ayer en Michoacán–
es, ciertamente, un cambio de matiz importante respecto de la unilateralidad con
que fue impuesta la reforma educativa en el Congreso y muestra disposición de
las autoridades educativas y legislativas a cuando menos escuchar los puntos de
vista de la disidencia magisterial y de los sectores críticos a la reforma. Pero
ello es insuficiente: es necesario también que estos espacios deriven en
verdaderos ámbitos de discusión y rectificación de los errores cometidos en el
reciente proceso de modificación constitucional –empezando por el despropósito
de aprobar una reforma como la comentada mediante un arreglo cupular y de
espaldas al magisterio–, así como de atención y análisis respecto de los
nefastos resultados que han arrojado en otros países las mismas políticas que
pretenden adoptarse en el nuestro.
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