Los motivos del fracaso de la reforma educativa
Efraín Eric Poot Capetillo (*)
La sociedad mexicana es consciente de la mala calidad de la educación básica de carácter público que se imparte en el país debido a la pésima preparación que reciben los profesores en las normales, lo que se hace palpable en los deficientes resultados que los alumnos han obtenido en diversas pruebas internacionales de conocimientos y en las calificaciones de “reprobado” que la mayoría de los docentes ha obtenido en evaluaciones a la que se ha sometido.
Dicha situación ha generado una preocupación legítima de la sociedad en general y de los propios educadores en particular para superarla. Por eso los planes que prometían mejorar las condiciones de la educación de docentes y alumnos despertaron una gran simpatía en la sociedad, al grado que el tema figuró en el apartado 1.3. del “Pacto por México”, con el nombre de “Educación de Calidad con Equidad”, que fue firmado por el presidente de la República y los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, que incluso contemplaba la implementación del Servicio Profesional Docente aprobada el pasado miércoles 4 de septiembre, que desde siempre contempló la evaluación como mecanismo para escoger a los mejor preparados para ejercer el magisterio.
Sin embargo, el viejo refrán que asegura que “de buenas intenciones se encuentra empedrado el camino al infierno” refleja con claridad la actual efervescencia política y social que la reciente reforma educativa ha generado en todo el país y que ha alimentado la confrontación de los profesores inconformes con los ciudadanos irritados por los perjuicios que les causan las movilizaciones de protesta. Y esto es así porque la vieja lógica autoritaria del ejercicio del poder creyó que acordar con las cúpulas partidistas una agenda de problemas sociales urgentes de atender e imponer a un dirigente a modo en el sindicato magisterial era suficiente para llevar a cabo sin fuerte oposición sus planes de reorganización del sector educativo en México.
Nunca tomó en cuenta que hoy día los partidos políticos están alejados de las verdaderas necesidades de la población y que el SNTE y los sindicatos “independientes” que han surgido en las entidades federativas, alineados a los gobernadores en turno, son el principal obstáculo para el mejoramiento de la educación. La reforma también enmascara la violación a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pues usa como cortina de humo la evaluación de calidad de los profesores para anteponer criterios administrativos que privilegian mecanismos de despido antes que actualización, regulación y consolidación de la formación profesional docente.
El exitoso control político del magisterio ejercido por muchos gobernadores, a partir de la fragmentación sindical, paradójicamente en estos momentos es la principal debilidad del Ejecutivo federal, ya que promovieron la duplicación de las redes de complicidad que sustentan los mecanismos de corrupción tales como: el control y venta de plazas por parte de los dirigentes sindicales, el nepotismo, la supuesta “venta de exámenes” a $80,000, que le permite al comprador ser ubicado en un lugar que le asegure la plaza en detrimento del derecho a un puesto magisterial definitivo para quienes por sus méritos y conocimientos obtuvieron altas calificaciones, lo cual ha engendrado un gran descontento entre la mayoría de los mentores.
A todo lo anterior hay que añadir que la reforma deja intacta la estructura organizativa sobre la que reposa la formación del magisterio nacional, pues desde siempre la mayoría de los cargos directivos recaen en sujetos pertenecientes a la organización magisterial afín al gobernante en turno, lo que de ninguna manera asegura la calidad del desempeño, muy por el contrario. Tampoco existe un compromiso claro para someter a revisión los Planes y Programas de Estudio dirigidos a la formación de calidad de los docentes que nos permitan superar el rezago de la educación pública que se puede resumir de la siguiente manera “sistema educativo y contenidos de estudio del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI.- Mérida, Yucatán
pcapetil@uady.mx
—–
*) Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán
Dicha situación ha generado una preocupación legítima de la sociedad en general y de los propios educadores en particular para superarla. Por eso los planes que prometían mejorar las condiciones de la educación de docentes y alumnos despertaron una gran simpatía en la sociedad, al grado que el tema figuró en el apartado 1.3. del “Pacto por México”, con el nombre de “Educación de Calidad con Equidad”, que fue firmado por el presidente de la República y los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, que incluso contemplaba la implementación del Servicio Profesional Docente aprobada el pasado miércoles 4 de septiembre, que desde siempre contempló la evaluación como mecanismo para escoger a los mejor preparados para ejercer el magisterio.
Sin embargo, el viejo refrán que asegura que “de buenas intenciones se encuentra empedrado el camino al infierno” refleja con claridad la actual efervescencia política y social que la reciente reforma educativa ha generado en todo el país y que ha alimentado la confrontación de los profesores inconformes con los ciudadanos irritados por los perjuicios que les causan las movilizaciones de protesta. Y esto es así porque la vieja lógica autoritaria del ejercicio del poder creyó que acordar con las cúpulas partidistas una agenda de problemas sociales urgentes de atender e imponer a un dirigente a modo en el sindicato magisterial era suficiente para llevar a cabo sin fuerte oposición sus planes de reorganización del sector educativo en México.
Nunca tomó en cuenta que hoy día los partidos políticos están alejados de las verdaderas necesidades de la población y que el SNTE y los sindicatos “independientes” que han surgido en las entidades federativas, alineados a los gobernadores en turno, son el principal obstáculo para el mejoramiento de la educación. La reforma también enmascara la violación a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pues usa como cortina de humo la evaluación de calidad de los profesores para anteponer criterios administrativos que privilegian mecanismos de despido antes que actualización, regulación y consolidación de la formación profesional docente.
El exitoso control político del magisterio ejercido por muchos gobernadores, a partir de la fragmentación sindical, paradójicamente en estos momentos es la principal debilidad del Ejecutivo federal, ya que promovieron la duplicación de las redes de complicidad que sustentan los mecanismos de corrupción tales como: el control y venta de plazas por parte de los dirigentes sindicales, el nepotismo, la supuesta “venta de exámenes” a $80,000, que le permite al comprador ser ubicado en un lugar que le asegure la plaza en detrimento del derecho a un puesto magisterial definitivo para quienes por sus méritos y conocimientos obtuvieron altas calificaciones, lo cual ha engendrado un gran descontento entre la mayoría de los mentores.
A todo lo anterior hay que añadir que la reforma deja intacta la estructura organizativa sobre la que reposa la formación del magisterio nacional, pues desde siempre la mayoría de los cargos directivos recaen en sujetos pertenecientes a la organización magisterial afín al gobernante en turno, lo que de ninguna manera asegura la calidad del desempeño, muy por el contrario. Tampoco existe un compromiso claro para someter a revisión los Planes y Programas de Estudio dirigidos a la formación de calidad de los docentes que nos permitan superar el rezago de la educación pública que se puede resumir de la siguiente manera “sistema educativo y contenidos de estudio del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI.- Mérida, Yucatán
pcapetil@uady.mx
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*) Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán
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