Asistencia social: desvergüenza y cinismo

 

Pablo Gómez

abril 252013

 

Con tradicional cinismo político, el gobierno priista ha encarado la denuncia de uso ilegítimo e ilegal de los programas sociales para beneficiar al PRI. Peña le ha dicho a Robles que no se preocupe por las críticas de quienes sólo están ocupados en las elecciones, pero no se trata de una crítica sino de una denuncia, como lo dijo Madero, y quienes se ocupan mejor de las elecciones son justamente los gobernantes priistas que utilizan todo el andamiaje del gobierno a su favor. Luego, los priistas han dicho que, en doce años, el PAN también hizo mal uso de los programas sociales por lo que no puede reclamar nada. Al final, Robles ha bromeado con la denuncia en su contra al decir que fue la mejor propaganda gratuita de la “cruzada”, el peor nombre –digo yo—que se le puede dar a la lucha contra el hambre, ya que las cruzadas fueron guerras de rapiña.

De la denuncia no saldrá nada porque el gobierno (PGR) va a investigar la presunta ilegalidad del gobierno (Sedeso) y todo quedará en un intercambio de declaraciones. Lo de los juicios políticos contra Robles y Duarte es algo verdaderamente naif, pues nunca ha habido uno y –como se dice–, ahora, menos. Ya Duarte ha dicho que la denuncia política es “pura grilla” y que, además, no removerá a su secretario de finanzas, Manzur, el mismo que afirmó en la reunión priista “videada” que los programas sociales son “oro molido” para promover el voto.
27 delegados estatales de la Secretaría de Desarrollo Social son conocidos cuadros políticos del PRI, muchos de los cuales han sido altos dirigentes locales. Lo mismo hacía el PAN, cierto, pero el ahora partido gobernante lo denunciaba a cada paso. De la falta de autoridad moral del PAN, ni hablar, pero eso no justifica la intervención desvergonzada del gobierno (el local y el federal) en las elecciones que tendrán lugar pronto en varios estados. Por su lado, Robles no explica porqué admitió que el PRI copara las delegaciones de la secretaría a su cargo y otros muchos puestos de mando: operadores políticos en los programas sociales, en lugar de profesionales de la administración pública. Podría suponerse que ese fue el trato, que una funcionaria sin partido fuera el escaparate de una secretaría para la acción política priista, mediante la conversión de Robles en una ciudadana fuera de toda sospecha, pero no ha resultado así porque es imposible tanta simulación.
Las leyes no permiten el uso de los programas sociales a favor de un partido político. Eso no puede discutirse, pero a pesar de todo el gobierno niega la acción política ilegal. Por su lado, el PAN exige la transparencia de la operación asistencialista, pero el problema no consiste en los padrones sino en la relación entre beneficiarios y funcionarios, en lo que se pacta entre unos y otros con el fin de mejorar las cosas o sencillamente de mantener las subvenciones. Para entregar asistencia no se requiere reunir a los beneficiarios: eso debería estar prohibido, para empezar.
Mas es necesario también que la ley impida el nombramiento de dirigentes de partidos políticos como operadores de programas sociales y se exija título y experiencia profesional. Pero como la norma debe aplicarse también a las entidades federativas donde se hace ahora más o menos lo mismo, entonces debería modificarse la Constitución. Esto no resolvería el problema pero ayudaría en algo. Lo que hoy tenemos es francamente el imperio del cinismo mayor, la completa desvergüenza.